El precio de lo impagable
Parece peliagudo para nuestro gobierno entender que hay una serie de gravámenes internacionales dictados por organizaciones altamente preparadas y reconocidas en el mundo entero, para de cierta manera “legítima” intentar sacar a los niños- y los jóvenes- de los conflictos propios de la arbitrariedad internacional.
Reiterativas se han vuelto las campañas (superfluas) que suben todo tipo de profesionales a las altas comunas de Medellín- y a las zonas donde el conflicto armado se escapa de las manos de la Policía Nacional- propugnando por espacios para que la población adolescente pueda “escaparse” del conflicto y omita de su proyecto individual de vida la idea de ser “actores armados”, detractores de un sueño nacional que –sin herir susceptibilidades- cada vez se parece más al sueño de “ La Luna de pan de queso”.
Las inversiones en cantaleta que promete una realidad o futuro paradisíacos a jóvenes sin oportunidades que poco a poco han entendido que la vida tiene otros rumbos y que soñar no es una consecuencia de estar dormidos, se pierden al ofrecer a verdaderos necesitados un poco menos de un cuarto de salario mínimo legal vigente colombiano por denunciar actos delictivos. Si bien es conocido que este proyecto no involucra la sociedad menor de edad, debo señalar y rechazar la idea de devolvernos en el tiempo y borrar lo que ya se ha hecho al ofrecer ese ridículo incentivo que en el fondo está invitando a nuestros jóvenes a recuperar el papel que traían- algunos- en el conflicto armado. ¿Acaso el acto de denunciar no es prácticamente una obligación ética y moral? Con los cien mil pesos de muchos jóvenes pueden pagarse cursos de ética y urbanismo gratuitos para las poblaciones más cercanas al conflicto.
Es preciso reconocer – y si se vuelve necesario, aplaudir- lo que a través del periódico El Colombiano me enteré a cerca de lo que días atrás el Gobierno Nacional tomó como nuevas medidas de seguridad para facilitar la investigación judicial y para combatir la criminalidad. Hay un incremento de un 23 por ciento en el número de hombres de la Policía Nacional en el Área Metropolitana, uno más de 164 hombres del Ejército Nacional y una permanencia continua en las horas de vigilancia (día y noche) con la presencia de la Fuerza Aérea Colombiana, entre otras contando (más) campañas y facilidades de movilidad para la Fuerza Pública. Sin embargo, es necesario buscar soluciones integrales que involucren la ayuda de instituciones como la Alcaldía y las universidades, para que la guerra no se convierta en una subasta de criminales y un mercado de denuncias – a veces falsas y estratégicas- en las que con pagos inútiles se omitan responsabilidades.
Reiterativas se han vuelto las campañas (superfluas) que suben todo tipo de profesionales a las altas comunas de Medellín- y a las zonas donde el conflicto armado se escapa de las manos de la Policía Nacional- propugnando por espacios para que la población adolescente pueda “escaparse” del conflicto y omita de su proyecto individual de vida la idea de ser “actores armados”, detractores de un sueño nacional que –sin herir susceptibilidades- cada vez se parece más al sueño de “ La Luna de pan de queso”.
Las inversiones en cantaleta que promete una realidad o futuro paradisíacos a jóvenes sin oportunidades que poco a poco han entendido que la vida tiene otros rumbos y que soñar no es una consecuencia de estar dormidos, se pierden al ofrecer a verdaderos necesitados un poco menos de un cuarto de salario mínimo legal vigente colombiano por denunciar actos delictivos. Si bien es conocido que este proyecto no involucra la sociedad menor de edad, debo señalar y rechazar la idea de devolvernos en el tiempo y borrar lo que ya se ha hecho al ofrecer ese ridículo incentivo que en el fondo está invitando a nuestros jóvenes a recuperar el papel que traían- algunos- en el conflicto armado. ¿Acaso el acto de denunciar no es prácticamente una obligación ética y moral? Con los cien mil pesos de muchos jóvenes pueden pagarse cursos de ética y urbanismo gratuitos para las poblaciones más cercanas al conflicto.
Es preciso reconocer – y si se vuelve necesario, aplaudir- lo que a través del periódico El Colombiano me enteré a cerca de lo que días atrás el Gobierno Nacional tomó como nuevas medidas de seguridad para facilitar la investigación judicial y para combatir la criminalidad. Hay un incremento de un 23 por ciento en el número de hombres de la Policía Nacional en el Área Metropolitana, uno más de 164 hombres del Ejército Nacional y una permanencia continua en las horas de vigilancia (día y noche) con la presencia de la Fuerza Aérea Colombiana, entre otras contando (más) campañas y facilidades de movilidad para la Fuerza Pública. Sin embargo, es necesario buscar soluciones integrales que involucren la ayuda de instituciones como la Alcaldía y las universidades, para que la guerra no se convierta en una subasta de criminales y un mercado de denuncias – a veces falsas y estratégicas- en las que con pagos inútiles se omitan responsabilidades.
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